El titular del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, en dialogo con VCF se refirió a la propuesta del Ejecutivo presentada el miércoles pasado en la Legislatura, que incluye el asesoramiento jurídico gratuito, la figura del asesor de menores incapaces para realizar denuncias y el endurecimiento de sanciones para quien agrede a un docente.

Henríquez manifestó que el gremio no fue consultado por el Gobierno para la confección del proyecto y que se enteraron del anuncio por los medios. “Recién ahora me llegó un archivo por otro lado, pero aún no lo he leído en detalle, manejo lo que han planteados desde lo medios”.

Violencia en las aulas

En cuanto a la iniciativa impulsada por Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia; y Jaime Correas, director general de Escuelas, el titular del SUTE opinó sobre la falta de estructuras, de recursos y mecanismos para anticipar los actos que son anticipables. “La mayoría de esas situaciones de violencia podrían ser atajadas, por ejemplo si las primarias tuvieran servicios de orientación en las escuelas, completos, con personal suficiente, y no como ahora con la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares que tiene un profesional cada diez establecimientos.

Y agregó: “Muchos casos de violencia, arrancan cuando las maestras detectan algún acto de inconducta de un nene, ante lo cual citan al papá y este las agrede. Si hubiera un servicio de orientación que funcionara bien, el docente tendría un lugar para ir y plantear el problema con el menor, y una trabajadora social iría a ver qué pasa en la casa, activando una serie de mecanismos que podrían generar una intervención, y anticipar la eclosión. Sin embargo uno ve que esto no ocurre y ve cómo se va acumulando la situación hasta que explota. Pero es más barato cambiar el código de faltas, que no hace falta invertir nada en cambiar un artículo, en cambio para lo otro, se necesita presupuesto, recursos, etc”.

Lo que se propone en este nuevo proyecto de ley, ante la obligación que tiene el docente y el equipo directivo de manifestar todos los hechos de abuso y maltrato que observen, es realizar la denuncia ante el asesor de menores incapaces, y es el defensor el que va a tener la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía.

“Entiendo que el proyecto del gobierno busca ahorrarle esa exposición en el expediente al docente y en ese sentido me parece que está bien, pero no hay garantía absoluta y es necesario otro mecanismo de acompañamiento y protección para intervenir en esos casos. No solo para el anonimato del docente, si no para ver cómo después se garantiza que el presunto agresor no vaya después a la escuela, ya que puede deducir que la denuncia viene del establecimiento” indicó Henríquez.

“El problema del proyecto es que creen que la sanción previene. Si se endurecen las sanciones, disminuyen los casos. Si esto fuera así, alcanzaría con endurecer las penas del Código Penal para bajar el delito" señaló.

Libre deuda 

El gobierno de Alfredo Cornejo, mediante un decreto, presiona a los estatales a regularizar sus deudas con ATM, quiere asegurarse de que al menos los empleados estatales estén al día con los impuestos provinciales. La medida provocó el rechazo de los gremios, ya que se exige a los contratados un certificado de “libre deuda” o un plan de pagos para continuar trabajando. Al parecer esta medida no afectaría en principio a los representados por el SUTE.

“Hablé con uno de los delegados administrativos de la DGE, y al parecer no los perjudica, sin embargo aún no está confirmado. De todas maneras me parece una barbaridad y apoyamos la posición de los gremios del Estado que representan a los compañeros afectados. Es muy grave que se pretenda sustraer salarios o trabajo, justamente a quien tenga deudas y después se perdonen, se hagan excepciones y enormes planes de pagos para los grandes evasores empresariales".

Y sentenció: “Es un atropello, no sólo al salario sino a muchos tipos de confiscaciones. Las principales deudas del Estado no son de los trabajadores individuales, de los ciudadanos comunes. Las grandes deudas con el Estado que harían una gran diferencia son otras, como de los grandes grupos empresariales, ahí es donde tendría que focalizarse y no en gente que tiene salarios bajísimos, pretendiendo sacarle el trabajo o parte del salario. Es una barbaridad”.

Caso Santiago Maldonado en las escuelas

En el marco de la conmemoración del Día del Internacional del Detenido Desaparecido, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó una campaña en todos los colegios del país para tratar el caso Santiago Maldonado. La misma tuvo reacciones encontradas, tanto del gremio docente, padres y autoridades gubernamentales.

En las aulas se pidió por la inmediata aparición con vida del joven artesano, del que no se sabe nada desde el 1° de agosto pasado, luego del desalojo de Gendarmería a una protesta mapuche en Chubut de la que participó.
En este marco Henríquez comentó que "desde el SUTE en particular, hicimos un comunicado para que circulara por las escuelas y un audio para que los maestros sepan cómo debatir en clases y motivar el debate, aprovechando el 30 que era el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y ahí en el medio aparecieron los cuadernillos de CTERA. El eje nuestro, era promover el debate en la escuela, que el tema se tratara en las aulas desde todas las perspectivas, pero centrándonos en la aparición con vida de Santiago Maldonado y las responsabilidad que tiene el Estado siempre en esos casos”.

Antecedentes

Otros temas ya se han tratado en las escuelas como la desaparición de Johana Chacón, Soledad Olivera, Julio López, el asesinato de Carlos Fuentealba. “Nosotros creemos que esos hechos sociales entran al aula y no hace falta pedir permiso. Todos los docentes tienen el derecho en sus aulas a usar la realidad para enseñar y aprender, porque es parte es nuestra tarea y no hace falta un permiso especial para eso” agregó el conductor del SUTE.

Relación con el gobierno de Cornejo

“El gobierno sigue en una posición monologista de no querer hablar, de no querer resolver problemas. Hablan de dialogo pero ellos disponen los términos, los tiempos, los plazos, los temas, cuando el ámbito para eso tendría que ser la paritaria. Vamos a estar convocando a plenario para ver los planes de lucha, para la reapertura de paritaria, por todos los temas que tenemos que discutir de las escuelas y que no nos están dando respuestas” finalizó Sebastián Henríquez.